La caravana salió el pasado 12 de octubre de San Pedro Sula; este grupo de migrantes hondureños tiene como destino legar a Estados Unidos.
México «reconoce el derecho a la libre movilidad» y «el derecho a solicitar refugio», sin embargo, podrían ser deportados quienes no tengan papeles.
Los alrededor de dos mil hondureños que conforman la llamada «caravana migrante» deben ser protegidos y auxiliados por las autoridades de nuestro país, así lo estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Este pronunciamiento se dio como respuesta ante un posible operativo de las corporaciones policiacas y migratorias ordenado por el gobierno mexicano.
La CNDH pidió «la protección y auxilio inmediato a niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas mayores, con discapacidad y a quienes requieran atención especial entre quienes participan en la Caminata del Migrante». El exhorto fue dirigido, principalmente, a las autoridades municipales y estatales del gobierno de Chiapas, estado al que arribaron los hondureños procedentes de Guatemala. De esta forma la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad sureña debe, así como los gobiernos municipales de Suchiate y Tapachula, deberán respetar la integridad de los centroamericanos.
Ante esta recomendación y como una muestra de reconocimiento de los derechos humanos y la dignidad de las personas, el gobierno federal debe habilitar lugares de alojamiento para los migrantes centroamericanos, además de otorgar alimentos, atención médica y psicológica, poniendo especial énfasis en los grupos referidos. El organismo externó al respecto:
«La solicitud de medidas cautelares es parte de la función primordial de la CNDH y permiten conservar y proteger a una persona en el goce de sus derechos humanos. Su propósito es evitar la consumación irreparable de hechos violatorios a estas garantías».
Respuesta del gobierno mexicano
Mientras tanto, las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación manifestaron que atenderán a los hondureños en la frontera sur, sin embargo, subrayaron que si no cuentan con la documentación necesaria los someterá al proceso administrativo correspondiente y, en caso de ser necesario, deportará a quienes no la presenten.
El gobierno federal acotó que actuará «en apego a una política migratoria respetuosa de los derechos humanos de los migrantes y del derecho internacional humanitario», es decir, los hondureños sin documentos de viaje ni visa podrán solicitar asilo como refugiados; la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) es la encargada de atender las solicitudes de este tipo. La ley mexicana establece un plazo de 45 días hábiles para resolver el trámite, existe una posible prórroga por el mismo tiempo para terminar de definir, la situación de los involucrados.
Manelich Castilla Craviotto, comisionado general de la Policía Federal, y elementos de esta dependencia ya se encuentran en Chiapas para preservar el orden en la frontera con Guatemala. El funcionario indicó que su labor no consiste en detener el paso de los migrantes sino en auxiliar al Instituto Nacional de Migración ante una eventual saturación de solicitudes de ingreso; esto es en cumplimiento de la orden que dio Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, externó el comisionado.
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