En el 2015 se interpuso un recurso legal en contra de esta concesión y de la Ley Minera.
La EIDH elaboró estudios que revelan el daño ambiental ocasionado por este tipo de trabajos en la zona; los habitantes refieren que las autoridades no han analizado este impacto a la naturaleza.
La explotación de la naturaleza en busca de beneficios económicos es una constante no solo en el país sino en el mundo entero, un ejemplo más de esta situación es lo que acontece en Ixtacamaxtitlán, municipio poblano de la Sierra norte, en donde el medio ambiente ha sufrido daños en la búsqueda de instalar una mina a cielo abierto con la cual se pretende extraer plata y oro.
Los habitantes de este municipio les han exigido a las autoridades que se cancele esta obra que es realizada por la empresa Minera Gorrión, filial de Almaden Minerals, compañía de Canadá. Su argumento consiste en que los trabajos preliminares de exploración ya han provocado afectaciones ambientales en la zona, las cuales, aseguran, son minimizadas por el gobierno local y estatal. Los afectados acotaron que se viola su derechos a la salud, agua y medio ambiente digno, además, acusan que no se realizó ninguna consulta para determinar el destino de la región, lo cual establece la ley por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esta demanda civil se dio desde hace años, cuando en el 2015 las organizaciones de Tiyat Tlali (Consejo en defensa de Nuestro Territorio), en colaboración con Fundar Centro de Análisis e Investigación, presentaron en el Juzgado Segundo de Distrito en materia de Amparo Civil, Admiistrativo y del Trabajo y Juicios Federales de Puebla, un juicio de amparo en contra de las concesiones Cerro Grande y Cerro Grande.
Incluso también se presentaron quejas ante las Comisiones Reguladoras de las Bolsas de Valores de Nueva York y Toronto, esto una vez que se dieron a conocer los resultados de la Escuela Internacional de Desarrollo Humano (EIDH) sobre el impacto ambiental y las irregularidades en la asignación de los permisos necesarios para instalar la mina referida.
Los inconformes resaltaron que el pasado mes de febrero la empresa Minera Gorrión recibió la notificación de la justicia federal en la cual se informaba sobre la suspensión de la mina en este municipio; sin embargo, aún no se lleva a cabo la audiencia constitucional del juicio. Cabe destacar que en el 2012 la empresa Almaden Minerals recibió la concesión de los predios Caldera 3-A y 3-B, ubicados en Ixtacamaxtitlán y que corresponden a 56 mil hectáreas de terreno, su vencimiento es hasta el año 2062.
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