La CNDH emitió una recomendación para la SCT, BANOBRAS y Conagua.
La CNDH encontró diversas irregularidades en sus investigaciones, por lo que entregará los resultados a la PGR.
Ya se cumplió más de un año del socavón que surgió en el Paso Exprés y el cual cobró la vida de dos personas. Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseveró que no fue un accidente, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fue la principal responsable del suceso en Cuernavaca.
Así fue como el visitador General de la CNDH, Enrique Guadarrama López, emitió la Recomendación 34/2018 sobre la construcción de la Autopista México-Cuernavaca: «El socavón no fue un accidente, fue resultado de una cadena de ineptitudes de varias autoridades».
Lo anterior se determinó con base en las investigaciones y pruebas periciales exhaustivas, en las cuales se acreditó la falta de planeación e irregularidades en el diseño, licitación, contratación de empresas y un posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción, pues la vialidad no contaba con los estudios ni permisos necesarios en materia medio ambiental e hidráulica.
Por ello, la recomendación que contiene 29 puntos, está dirigido a instancias federales como la SCT, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin olvidar al Gobierno del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca.
A la Conagua la encontraron responsable por no informar a la SCT de todos los puntos de afectación hidráulica por la obra y por no realizar visitas de verificación.
En lo que respecta a BANOBRAS y la SCT, se encontraron irregularidades en la ejecución de la obra, en el proceso de licitación y la contratación con las empresas, que generaron alza de 67.94%, cuando el costo previsto fue de 1,134 millones 215,941.01 pesos, lo cual generó un aumento de 7 meses en el tiempo de ejecución, sin la autorización de la Función Pública.
Debido a lo anterior, la CNDH recomendó a Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT; Alfredo Vara Alonso, Director General de BANOBRAS; Roberto Ramírez de la Parra, Director de CONAGUA; sin olvidar a Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador del Estado de Morelos y a los integrantes del Ayuntamiento de Cuernavaca, que reparen el daño a las víctimas directas e indirectas a las cuatro personas que perdieron la vida.
Además, piden que se incluya una compensación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, que se ofrezca disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y se publique en su página web por el periodo de un año.
Todos los resultados arrojados serán entregados a la Procuraduría General de la República (PGR) para que considere las evidencias recabadas y el análisis en la carpeta de investigación.
Cabe mencionar que dicha recomendación también fue entregada al Congreso para que vean las posibles modificaciones normativas, planteadas en el documento. Además, se envió una copia a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para la formulación de políticas públicas en materia de empresas y derechos humanos.
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