La titular de Sedatu negó que a su paso por Sedesol hubo desvíos como lo asegura la investigación periodística.
Robles se dijo víctima de «violencia política de género»; Martha Tagle respondió: «la condición de género no nos exime de asumir nuestras responsabilidades».
Como parte de la glosa por el sexto y último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles se compareció ante el pleno de la Cámara de Diputados para describir las actividades realizadas en el último año. Ahí, los legisladores la cuestionaron en torno a la llamada «Estafa Maestra», caso de corrupción sucedido cuando era la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
En torno a este caso, en el cual, de acuerdo con una investigación periodística, se documentó el desvío de más de 7 600 millones de pesos en contratos irregulares con 186 empresas fantasmas, de las cuales 128 de ellas no podían recibir recursos puesto que no contaban con la infraestructura suficiente. Del monto antes señalado, se desconoce el paradero de 3 433 millones.
Al respecto, Rosario Robles Berlanga indicó que no hay un solo contrato firmado por la Sedatu o Sedesol con empresas «fantasma», ni pruebas que indiquen irregularidades a su paso por ambas dependencias. «Viene un nuevo gobierno y eso va a permitir que esto se investigue aún más, y yo tengo mucha tranquilidad; que busquen hasta por debajo de las piedras, porque tengo el mismo patrimonio, tengo un solo patrimonio, que es mi nombre; tengo una sola casa y de eso absolutamente nadie va a poder comprobar lo contrario».
Además, por este mismo caso, la actual titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano acusó ser parte de «violencia política de género», hecho que fue repudiado por gran parte del pleno y, de hecho, la diputada Martha Tagle le contestó que «la condición de género no nos exime de asumir nuestras responsabilidades en el cargo público, ni de ser señaladas por actos de corrupción».
Las protestas por parte de las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano continuaron, a lo que Robles Berlanga respondió enfática: «quien al amparo del servicio público haya cometido una irregularidad, tiene que pagar, pero tiene que documentarse con pruebas, con hechos fehacientes y con base en lo que la ley establece, y sin violentar los derechos humanos de las personas».
Igualmente, garantizó que todos los convenios realizados y que son señalados en la «Estafa Maestra», «son legales y realizados conforme a la Ley de Adquisiciones (…) no hay un solo elemento de prueba que permita decir que empresas que hayan participado por el trabajo de las universidades hayan sido contratadas por estas instituciones».
Durante esta comparecencia, portó una carpeta, en la cual dijo, se encontraban los documentos que forman parte de esta investigación y en la cual, la Función Pública no detectó que existieran irregularidades administrativas. Los priistas, copartidarios de Robles, solicitaron no «sacar raja» de este tema, hecho que propició que el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña los increpara.
Tras este episodio, la aparición de la titular de Sedatu se dedicó a defender el programa de reparación y reconstrucción de las 49 mil viviendas que resultaron dañadas por los sismos de septiembre de 2017.
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