La llamada «Cuarta transformación» del país que anuncia por Andrés Manuel López Obrador empieza a tener sus primeros obstáculos con la administración federal ya en marcha. Uno de las principales banderas del tabasuqeño, la llamada «Austeridad republicana» no es bien vista por todos los funcionarios públicos en servicio. Un botón de muestra es la oposición que ha encontrado la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que propone que nadie gane más que el presidente.
Han sido miles los inconformes. Según cifras proporcionadas por el despacho de abogados Trusan & Roma, 6 500 funcionarios de 297 entidades de la administración pública buscan ampararse ante la citada ley. Además, en el Senado también se ha sentido la incomodidad: 55 senadores, liderados por los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD y MC, incluido el independiente Emilio Álvarez Icaza, se organizaron para presentar una acción de inconstitucionalidad. Los «rijosos» se aseguraron de ser el 33 por ciento del total de legisladores para que su recurso fuera completamente legal.
El tricolor asegura que «no será nunca con actitudes autoritarias ni con decisiones de mayoriteo» como deben manejarse las riendas del país, vaya paradoja; además, piden que se respete la aspiración de los trabajadores a «mejores estadíos de bienestar» y que lo que López Obrador pretende atenta contra «los derechos humanos» de los mismos.
Clemente Castañeda, dirigente de Movimiento Ciudadano, externó que esta ley «atenta contra la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el sistema de impartición de justicia»; y agregó que no su partido no se opone a la reducción de «salarios y privilegios de altos funcionarios» pero que a la «Suprema Corte» no se le debe intentar controlar pues debe ser autónoma. Mientras que el PAN gritaron a los cuatro vientos que su medida es «para salvaguardar la división de poderes, proteger el pacto federal y a la soberanía estatal».
Tal es el revuelo causado por esta propuesta morenista que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó su acción de inconstitucionalidad el 22 de noviembre. El argumento es que los salarios de los servidores públicos deben regularse con base en el sistema constitucional mexicano y que la ley no se apegó a la Carta Magna, por lo que no es aplicable. Y esto el apenas el inicio.
Parece que a López Obrador, quien ya dijo que respetará la decisión del Poder Judicial, se le hace justo un tope salarial de 108 mil pesos mensuales, pero a muchos más esto se les hace poco. Ahora toca negociar y el tabasqueño ya hizo gala de habilidad en este arte político (con resultados variables) durante los cinco meses de transición que se aventó.
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