Proponen diálogo con el ejecutivo y legislativo «dentro del marco de competencias».
Hasta ahora, hay 862 demandas colectivas, promovidas por 383 magistrados, 351 jueces, 1 414 secretarios, 308 actuarios, 712 oficiales y 610 externos.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador y los senadores de Morena están cometiendo una clara «intromisión contra el Poder Judicial de la Federación», en referencia a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos propuesta por el ejecutivo durante su primera semana de gestión, esto al reconocerla como «contraria» al sentido histórico de preservar la independencia de los encargados de velar por los Derechos Humanos de los mexicanos y la autonomía del Poder Judicial.
Esta postura surge luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Pérez Dayán concediera, el pasado viernes, la suspensión temporal para la aplicación de dicha ley, que estipula que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República.
En su posicionamiento, destacaron que este tipo de acciones procedentes del ejecutivo buscan debilitar el contrapeso que representan los Poderes de la Unión a la manera de ejercer la política en México. Además, acusaron que en el discurso que los acusa de «privilegiados», señala cantidades excesivas en los salarios «como que percibimos 600 mil pesos, que no corresponden ni cercanamente a la realidad».
El desplegado, leído por el presidente de la asociación, el magistrado Luis Vega Ramírez refiere además que «estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados a la opinión pública como ‹ejercicios modernizadores›, que supuestamente harán más eficiente la impartición de justicia y permitirán ahorros para los ciudadanos. Sin embargo, en el fondo esconden su verdadera intención: debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de derecho».
Además, los magistrados y jueces reiteraron que si alguien ha permitido materializar la agenda de Derechos Humanos del nuevo gobierno, es precisamente el Poder Judicial.
Acusaron que se esté centralizando como foco de atención un asunto de salarios, no obstante aseveró que este alto a la Ley de Remuneraciones, no se debe a un privilegio sino a una garantía adscrita en la Judicatura, que es reconocida no solo por la constitución sino por también por convenciones y tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.
Por último, el presidente de esta asociación que agrupa a más de 1 400 juristas en todo el país, indicó que ya se han tomado medidas para la defensa de la división de poderes. Señal de esto es que desde que se expidió la ley, más de 4 mil funcionarios han promovido amparos.
Mientras tanto, dijo, «proponemos un diálogo la coordinación y el entendimiento entre poderes dentro del marco de competencias exclusivas, autónomas e independientes creado por la Constitución para cada uno de los órganos del poder público».
HOY NOVEDADES/MI MÉXICO
