El organismo presentó una controversia constitucional.
El número total de servidores públicos que han tomado acciones legales contra la Ley de Remuneraciones es de más de 20 mil, según el Consejo de la Judicatura Federal.
Ya son más de 20 mil los servidores públicos que han mostrado su inconformidad con la Ley de Remuneraciones a través de algún recurso legal. La acción más reciente en este sentido pertenece al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), quien acaba de presentar una controversia constitucional.
De esta forma el órgano autónomo hace patente su desaprobación sobre el presupuesto de Egresos que aprobaron los legisladores en San lázaro, el IFT refiere que el recorte previsto en el documento es del 25 por ciento en términos nominales si se compara con el ejercicio fiscal del año pasado.
Porque la Cámara de Diputados dio luz verde a una disminución de 280 millones de pesos al presupuesto que el IFT solicitó para el ejercicio fiscal de este 2019. Según el organismo, la cantidad que propusieron ya incluía el recorte del 14.8 por ciento respecto al del 2018. De hecho, apunta, el acumulado reducido desde el presupuesto del año fiscal 2014 es del 37.5 por ciento.
La controversia constitucional en contra del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 fue aprobada por el pleno del IFT. El argumento consiste en que, con base en lo establecido en el artículo 28 constitucional, el organismo goza de la función reguladora por ser autónomo, la cual se violenta en el presupuesto aprobado.
Cabe mencionar que el recurso legal del IFT va dirigido a varias de las disposiciones del paquete económico sobre las remuneraciones de los funcionarios públicos por no ceñirse a lo que establece la Carta Magna.
En este mismo sentido se pronunció el Banco de México (Banxico) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El ente monetario nacional apuntó que el artículo 127 dela Constitución «permite establecer sueldos mayores a del Presidente de la República hasta en un 50 por ciento».
Con esto, la SCJN le otorgó una suspensión a Banxico, con la cual le permite asignar los sueldos de sus trabajadores con base en sus disposiciones y no lo libra de no adherirse a lo que establece la Ley Federal de Remuneraciones.
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