La ley entró en vigor el pasado 4 de agosto.
Este lunes se publicó en el Boletín Oficial el reglamento de esta legislación que ha desatado el debate en Argentina. Alrededor de 10 200 argentinos esperan un trasplante.
Un decreto emitido desde la Casa Rosada (residencia presidencial de Argentina) ha determinado las normativas a seguir para que todos los habitantes mayores de edad de ese país sudamericano sean donadores de órganos, Se trata del reglamento de la Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células que ya fue publicada en el Boletín Oficial por orden del mandatario Mauricio Macri.
La legislación referida es mejor conocida como la Ley Justina, en memoria de la niña de 12 años Justina Lo Cane, quien perdió la vida en noviembre de 2017 a la espera de un trasplante de corazón. La familia de la menor fue quien impulsó esta determinación que ha despertado el debate entre la sociedad argentina.
Fue en julio del año pasado que se aprobó para el 4 de agosto entrar en vigor. La ley establece que «toda persona capaz mayor de 18 años» es un donante de órganos y tejidos, con excepción de aquellos que manifiesten su desacuerdo con tal disposición referida en la ley 27 447. En el artículo 33 de esta nueva legislación se puede leer que cualquiera es candidato a trasplantar sus órganos o tejidos si no se dejó «constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción».
Quienes no estén de acuerdo con esta legislación deberán notificarlo, para ello tendrán como opciones el Correo Oficial, los registros civiles, el Registro Nacional de las Personas (Renaper), los Organismos Provinciales de Ablación e Implante, así como el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).
De esta forma, a partir del lunes pasado con la publicación del reglamento. Los argentinos mayores de 18 años que pierdan la vida serán donadores si no se opusieron a ello en alguno de los organismos establecidos. En el caso de los menores de edad que mueran, la Ley Justina dice que solo podrá disponerse de sus órganos si ambos padres autorizan la intervención o por uno de ellos (en caso de que solo viva uno) o, en su defecto, por le representante legal del infante.
Tal reglamento fue elaborado, señalaron las autoridades del gobierno argentino, con el apoyo de la Sociedad Argentina de Trasplantes, la Comisión Federal de Trasplante, la Sociedad Argentina de Nefrología, la Sociedad Argentina de Pediatría y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.
La Ley Justina no establece qué sucederá si un familiar del occiso se niega a que se disponga de los órganos de su pariente. En este sentido el Incucai ha señalado que «la ley respeta la manifestación expresa (afirmativa o negativa) realizada en vida por las personas», lo que imposibilitaría legalmente a los familiares de oponerse a la extracción puesto que ya no serían los encargados de decidir sobre el cuerpo.
Cabe referir que durante el mes en el que entró en vigor la ley se presentaron 88 donaciones de órganos, lo que significó una cifra histórica para el país sudamericano, apuntó el Incucai. No obstante el debate continúa sobre esta medida, la cual es considerada por muchos como un abuso de autoridad y un atropello a los derechos humanos.
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